Ante las enormes dificultades políticas para acometer las indispensables reformas y para tratar de romper el círculo vicioso nos parece oportuno un estudio más detallado y un debate sobre la posibilidad de constituir una especie de Autoridad de Pensiones, organismo independiente del poder público y privado y que sería el encargado de diseñar una política integral de pensiones y darle apoyo al Pacto de Toledo. 

Partiendo de la experiencia de los antiguos bancos centrales europeos o autoridades monetarias, no resultaría difícil diseñar una institución de tal naturaleza que aunque no tuviese poder legislativo directo, sí tendría como los antiguos bancos centrales y el actual Banco Central Europeo facultades para decidir autónoma e independientemente sobre variables o parámetros que afectan, primordialmente, al sistema público de pensiones.

La filosofía sería muy similar, porque mientras que la banca central independiente tenía la función de velar por la estabilidad monetaria y cambiaria, modificando sin necesidad de leyes las tasas de interés y tipos de cambio, la autoridad de pensiones tendría la función de velar por la estabilidad del sistema de pensiones.

Aunque en los años 60 del siglo XX se pensaba que se había llegado al umbral biológico de la duración de la vida humana y al límite máximo de longevidad de los mayores, las estadísticas recientes han desmentido tal hipótesis.

Los avances en las ciencias biológicas y genéticas inducen a predecir que también en el futuro proseguirá este desplazamiento de la curva, porque muchos demógrafos opinan que en los próximos 15 años los científicos habrán desarrollado técnicas para retardar el envejecimiento humano y ampliar así la duración de la vida.

No todos comparten el mismo optimismo, pero existe una clara evidencia empírica de que la mortalidad depende más del estado de salud que de la edad y que los estratos socioeconómicos con un mayor poder adquisitivo acusan igualmente tasas menores a edades más avanzadas por preocuparse con más conocimientos de causa por su salud.

Hemos recalcado en repetidas ocasiones sobre la necesidad de que se formule por los responsable políticos y del gobierno una política integral de pensiones que sea coherente, continuista, que no obedezca a los avatares y vicisitudes políticas del momento y fije muy clara y cuantitativamente hasta qué nivel de protección llega la protección estatal y a partir del cual le corresponde al sistema privado, lo cual significaría delimitar adecuadamente el mandato constitucional sobre las pensiones públicas y las voluntarias.

Ello es absolutamente necesario para que los ciudadanos sepan a ciencia cierta y no sólo mediante promesas políticas y electorales indeterminadas cuánto deben ahorrar para garantizarse un nivel de ingresos suficiente durante la jubilación. 

Esta política no solamente debe ser el guardián de las normas legales y su debido cumplimiento, sino proseguir también una actitud más decidida y el despliegue de una actividad gubernamental más comprensiva de la previsión para la jubilación en general, tal como se lleva acabo en Suecia.

Ella debe proveer a los ciudadanos, asimismo, con una amplia, veraz, independiente e imparcial información sobre la situación actual y futura de laspensiones públicas y estimular la previsión sociali ndividual y colectiva, porque si no existe una labor comprometida del Estado en este aspecto, continuará la tendencia de que los mejor informados e ilustrados y con más recursos son aquellos quienes contratan pensiones complementarias, fenómeno que se registra también en países como el Reino Unido y la Gran Bretaña, pero los cuales ya han tomado cartas en el asunto.

Han transcurrido apenas algunos meses desde que la opinión pública española, su mercado financiero y los ahorradores particulares fueron sacudidos por  escándalos alrededor de la sociedades Gescartera, Afinsa y Forum Filatélico, empresas que finalmente - lo mismo que en el recientísimo caso Madoff  - terminaron aplicando un antiquísimo y archiconocido  sistema de financiación para poder atender los compromisos adquiridos, generalmente por concepto de altas rentabilidades ofrecidas a plazos relativamente cortos.

Sin la menor intención de considerar al sistema de financiación de la Seguridad Social española como algo delictivo o criminal y, desde luego, sin pretender establecer falsas analogías, no cabe duda de que si nos referimos exclusivamente a su mecanismo financiero, muy semejante al existente en los sistemas públicos de pensiones de otros países, se perciben importantes similitudes entre los esquemas financieros piramidales, de bola de nieve o de Ponzi y el sistema de reparto simple o de caja adoptado para la financiación de las pensiones públicas, hecho que, desafortunadamente, pasa inadvertido para la mayoría de los ciudadanos, gran parte de los expertos y clase política.